1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democr谩tico en especial la presunci贸n de inocencia, libertad de expresi贸n, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protecci贸n de consumidoras y consumidores, entre otros.
2 - Genera para la Internet un estado de excepci贸n en el cual la ciudadan铆a ser谩 tratada mediante procedimientos administrativos sumar铆simos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.
3 - Establece un procedimiento punitivo 鈥渁 la carta鈥 para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constitu铆an delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas org谩nica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jur铆dico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnolog铆a de la Informaci贸n y la Comunicaci贸n). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor econ贸mico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.
4 - Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadan铆a frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud p煤blica. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protecci贸n global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadan铆a.
Adem谩s la normativa introducir谩 el concepto de "lucro indirecto", es decir: a m铆 me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente il铆citos
5 - Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caama帽o. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producci贸n literaria y art铆stica.
6 - De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposici贸n se utilizar谩 exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente est谩n atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si 茅ste es el objetivo de la disposici贸n, no es necesaria, ya que con la legislaci贸n actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se est茅 incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo 煤nico que a帽ade a la legislaci贸n actual es el hecho de dejar la ciudadan铆a en una situaci贸n de grave indefensi贸n jur铆dica en el entorno digital.
7 - Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no s贸lo es un despilfarro de recursos sino que ser谩 absolutamente ineficaz en sus presuntos prop贸sitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.
La disposici贸n es una concesi贸n m谩s a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadan铆a en la era digital.
La ciudadan铆a no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fu茅 aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta).
El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por m谩s de 200 000 personas, ya avanz贸 la reacci贸n y demandas de la ciudadan铆a antes la perspectiva inaceptable del gobierno.
Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulaci贸n del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creaci贸n cultural respetando las libertades fundamentales.
En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovaci贸n, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de s铆ntesis elaborado por m谩s de 100 expertos de 20 pa铆ses que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.
En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementaci贸n por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:
1 - Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", p谩rrafo B. "Est铆mulo de la creatividad y la innovaci贸n", de la Carta);
2 - La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", p谩rrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnol贸gicas", de la Carta);
3 - El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de informaci贸n y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", p谩rrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);
4 - La ciudadan铆a debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes p煤blicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", p谩rrafo C "Conocimiento com煤n y dominio p煤blico", de la Carta);
5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gesti贸n y la abolici贸n del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", p谩rrafo B. "Est铆mulo de la creatividad y la innovaci贸n", de la Carta).
Por todo ello hoy se inicia la campa帽a INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevar谩n a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia espa帽ola de la UE.
Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno espa帽ola el II Congreso de Econom铆a de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reuni贸n Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reuni贸n de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).
La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos pol铆ticos, representantes de la cultura y legaciones diplom谩ticas.
Firmado
En primer lugar, quiero mostrar mi absoluto acuerdo con el esp铆ritu del manifiesto y, por tanto, expresar mi m谩s honda cr铆tica a la D.F. 1陋 del Anteproyecto de Ley de Econom铆a Sostenible. Efectivamente, creo que esta medida ser谩 costosa e ineficaz. Como bien es sabido, el problema de las descargas en Internet es cada vez m谩s un conflicto estructural en nuestra sociedad, en el que se ven implicados muchos agentes (el Gobierno y la SGAE. entre otros) y que no se puede solucionar exclusivamente a golpe de legislaci贸n.
Pero hemos de tener cuidado. Este manifiesto expresa que la propiedad intelectual es un "derecho de menor rango" o considera que "no es un derecho fundamental, contrariamente al derecho a la producci贸n literaria y art铆stica" (efectivamente, art. 20.1. b de la Constituci贸n).
Pero 隆ojo!, el art. 33.1 de la propia Constituci贸n reconoce el "derecho a la propiedad privada (...)" y el 33.3 establece que "nadie podr谩 ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p煤blica o inter茅s social, mediante la correspondiente indemnizaci贸n (...)"
Que estos no sean derechos fundamentales implica que no tienen una ultraprotecci贸n de que gozan aquellos, pero son igualmente derechos constitucionales con el mismo rango e importancia. La propiedad intelectual es un tipo de propiedad (art. 33.1) que reclama preservar una serie de facultades en favor de su creador, lejos de las usurpaciones que hacemos los internautas (cuesti贸n que no se permite por el art. 33.3).
En resumen, tan constitucional es el derecho a la cultura como el derecho a la propiedad privada. La soluci贸n a este conflicto pasa por implicar a todos los agentes econ贸micos, sociales y del mundo de la cultura en la b煤squeda de una soluci贸n consensuada, justa y que permita armonizar todos los intereses en conflicto.
2 comments
Muy bien dicho Jes煤s!!
En primer lugar, quiero mostrar mi absoluto acuerdo con el esp铆ritu del manifiesto y, por tanto, expresar mi m谩s honda cr铆tica a la D.F. 1陋 del Anteproyecto de Ley de Econom铆a Sostenible. Efectivamente, creo que esta medida ser谩 costosa e ineficaz. Como bien es sabido, el problema de las descargas en Internet es cada vez m谩s un conflicto estructural en nuestra sociedad, en el que se ven implicados muchos agentes (el Gobierno y la SGAE. entre otros) y que no se puede solucionar exclusivamente a golpe de legislaci贸n.
Pero hemos de tener cuidado. Este manifiesto expresa que la propiedad intelectual es un "derecho de menor rango" o considera que "no es un derecho fundamental, contrariamente al derecho a la producci贸n literaria y art铆stica" (efectivamente, art. 20.1. b de la Constituci贸n).
Pero 隆ojo!, el art. 33.1 de la propia Constituci贸n reconoce el "derecho a la propiedad privada (...)" y el 33.3 establece que "nadie podr谩 ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad p煤blica o inter茅s social, mediante la correspondiente indemnizaci贸n (...)"
Que estos no sean derechos fundamentales implica que no tienen una ultraprotecci贸n de que gozan aquellos, pero son igualmente derechos constitucionales con el mismo rango e importancia. La propiedad intelectual es un tipo de propiedad (art. 33.1) que reclama preservar una serie de facultades en favor de su creador, lejos de las usurpaciones que hacemos los internautas (cuesti贸n que no se permite por el art. 33.3).
En resumen, tan constitucional es el derecho a la cultura como el derecho a la propiedad privada. La soluci贸n a este conflicto pasa por implicar a todos los agentes econ贸micos, sociales y del mundo de la cultura en la b煤squeda de una soluci贸n consensuada, justa y que permita armonizar todos los intereses en conflicto.
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